La alarma que encendió la violenta muerte de Matías Albornoz Piccinetti en toda la sociedad llevó a que la jueza de Menores, Judith Solórzano, convocara a representantes de los tres poderes del Estado para debatir acerca de la violencia entre los jóvenes. Ese encuentro se desarrolló ayer y la magistrada anunció que intentarán crear un espacio de justicia restaurativa para los adolescentes no punibles.

Además de Solórzano, en representación de la Justicia estuvo personal del área de Derechos Humanos de la Corte. El Poder Ejecutivo envió a la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Sandra Tirado, a autoridades del Instituto Roca, y a Isabel Amate Pérez, del Ministerio de Educación. De los 48 legisladores en funciones asistieron dos: el presidente subrogante, el oficialista Julio Silman, y la radical Adela Estofán de Terraf. También participaron del debate las autoridades de los colegios a los que asistían los jóvenes involucrados en la trágica pelea que se produjo el 19 de mayo en la esquina de 25 de Mayo y Santiago del Estero (Gymansium, Guido Spano y Cenait), donde Albornoz Piccinetti fue asesinado a puñaladas.

“En el marco de la justicia restaurativa, necesitamos involucrarnos todos los miembros de la sociedad”, sostuvo la jueza de Menores al explicar la convocatoria. “Estamos en un contexto de violencia generalizada, en una sociedad que resuelve sus diferencias a los golpes, por lo tanto esta situación nos involucra a todos transversalmente. Los jóvenes son la caja de resonancia de las situaciones de violencia que viven en la casa, en la familia, en el barrio y en la misma comunidad educativa. Esto es un proceso de reconstitución del tejido social que hemos iniciado los tres poderes”, remarcó.

Respecto a que dos de los tres jóvenes sospechosos son inimputables, Solórzano explicó: “pretendemos abrir un espacio de justicia restaurativa porque para los jóvenes de 15 años para abajo no hay pena privativa de la libertad y no es posible que hechos como estos queden impunes. Necesitamos involucrarnos y cambiar de actitud, necesitamos normas de convivencia social para no transgredir después una ley penal y llegar a un homicidio como en este caso”.

Consultada sobre las marchas que realizó la comunidad educativa del Gymnasium en reclamo de justicia, la magistrada aclaró que “los directivos del colegio comprenden lo que significa que no va haber una respuesta penal para jóvenes no punibles. Lo que ellos quieren es manifestarse desde su dolor para marcar un antes y un después de este hecho y que esta muerte no sea en vano, sino que les sirva a los jóvenes para nunca más llegar a una situación como esta”.

Los padres

La rectora del Gymnasium, Sandra Mansilla, coincidió con esa postura y agregó: “las escuelas son el único lugar, en muchos casos, donde los chicos saben que están siendo observados y escuchados. Entonces muchas cosas que suceden en las escuelas son un reflejo de sus problemas familiares, afectivos, de conocimiento y algunas escuelas lo pueden trabajar de mejor manera que otras, que están desbordadas. Pero ninguna escuela parte de la premisa de que hay que enseñar las cosas básicas que antes nos enseñaban en la casa”, planteó.

“Tenemos que mover todas las estructuras y sobre todo llegar a la responsabilidad paterna; un padre no puede esperar que la sociedad se haga cargo de su hijo, un padre tiene que ser responsable del hijo que pone en la sociedad y de cómo lo pone”, advirtió.

Respecto a las marchas que realizaron los estudiantes del colegio por iniciativa propia, Mansilla aclaró: “la movilización apunta a esto de la memoria y la justicia sobre los hechos. El lema es que nos une el amor, no sólo el amor hacia un compañero muerto sino hacia la sociedad de la que formamos parte. Los jóvenes nos necesitan y están teniendo mejores ideas que muchos de los adultos que no hemos sido lo suficientemente responsables”.